Desde que el Ministerio calcula el periodo de pago, en julio de 2014, el Consistorio bartolino paga a los proveedores antes incluso del plazo establecido para reconocer la deuda.

El Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre tarda una media de 16,7 días en pagar las facturas a los proveedores, con lo que el Consistorio bartolino afronta el pago de su deuda comercial antes incluso de que se cumplan los 30 días de plazo establecido no para abonar las facturas, sino para reconocerlas y aprobarlas.

Así se recoge en los datos publicados por el Ministerio de Hacienda desde que se instauró el sistema por el que se calcula el periodo medio de pago de las entidades locales establecido en el Real Decreto 635/2014 de 25 de julio, que comenzó a aplicarse en el tercer trimestre de 2014.

Durante los cinco trimestres en los que ya se ha contabilizado el periodo medio de pago, se da la circunstancia de en dos ellos, el tercero y cuarto de 2014, el periodo medio de pago arroja una cifra negativa, de -2,69 y de -3,42 respectivamente, lo que supone que la media de días que tardó el Ayuntamiento en pagar sus facturas no sobrepasaba ni los 30 días que tiene de plazo para reconocerlas.

Estos datos ponen de manifiesto, a juicio del alcalde de San Bartolomé de la Torre, Manuel Domínguez, la “buena salud financiera” del Consistorio de la localidad, que ni siquiera tuvo que acogerse a ninguno de los tres planes de pago a proveedores que impuso el Gobierno central del PP para obligar a las entidades locales a hacer frente al pago de las facturas pendientes. Gracias a ello, el Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre no tuvo que pedir ningún crédito bancario para el pago de su deuda, por lo que tampoco ha tenido que hacer frente a ningún plan de ajustes o recortes municipales.

Otro dato que manifiesta la buena salud económica del Consistorio es que nunca, en los 36 años de historia de la Democracia municipal, se ha retrasado en el pago de las nóminas de sus trabajadores, por lo que tampoco ha tenido que acogerse a los planes extraordinarios de la Diputación Provincial por los que el Servicio de Gestión Tributaria (SGT) adelantaba fondos para hacer frente a las nóminas atrasadas.